En días pasados estaba leyendo la noticia que al Fiscal del distrito sur de New York Geoffrey Berman se le había solicitado su renuncia por parte del presidente Trump, puesto que adelantaba investigaciones en contra de altos funcionarios del gabinete Trump y otras de carácter nacional e internacional como el caso del pederasta Jeffrey Epstein, investigaciones que de un modo u otro son incomodas para el Ejecutivo Norteamericano. La posible salida de este funcionario por presión del Ejecutivo conlleva a una interpretación de sabotaje a la autonomía e independencia que debería tener este órgano investigador y acusador dentro de un estado de derecho.
Aunado a la anterior noticia, estos días nuestro Criollo Fiscal Francisco Barboza, nos ha dado de que hablar en varias ocasiones, mostrándose a la opinión nacional como el Fiscal de Bolsillo del presidente Duque, su viaje a San Andrés acompañado de su familia y con recursos públicos ha creado mella en la opinión pública, pero este escandalo es el menor de los problemas que aqueja la Fiscalía General de la Nación, pues hay más escándalos mucho más críticos y mas putrefactos que un viaje al mar y espero me entiendan que no estoy minimizando el asunto del viaje, pues un acto de corrupción como éste le costó la renuncia al ministro de salud en Nueva Zelanda.
La división tripartita del poder es la garantía de que habrá equilibrio dentro de un estado social de derecho como el colombiano, esta división de poderes es la piedra angular de un estado democrático, donde cada rama del poder tiene definidas sus tareas a partir de la Constitución Política, ley de leyes, garantizando que no habrá concentración del poder en una sola persona.
En esta división de poderes La Fiscalía es como su logo institucional lo anuncia, ficha fundamental en la administración de Justicia, en el entendido de que en ausencia de ésta se desdibuja por completo el esquema penal oral y adversario que adoptó Colombia con la Ley 906 de 2004, si se tiene en cuenta que en dicha institución descansa el poder de persecución penal del Estado al investigar y acusar.
Pero para nadie es un secreto que la Fiscalía hoy por hoy debido a su forma de elección tiene un sesgo político muy arraigado, siempre que la terna sea presentada por el ejecutivo seguirá existiendo esa marcada posición política y seguirá la corrupción rampante e impune en nuestra nación.
Cabe recordar el periodo de interinidad comprendido entre el 1º de agosto de 2.009 al 11 de enero de 2.011, en el que estuvo encargado el Dr Guillermo Mendoza Diago quien reemplazó al Dr. Mario Iguarán, debido a que en el mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez, éste presentó a la Corte Suprema de Justicia dos veces ternas en las cuales sus integrantes eran completamente cercanos al ejecutivo, por lo que la Corte Suprema rechazó estas dos ternas aduciendo que serían Fiscales parcializados en sus decisiones y no serían objetivos al momento de investigar al ejecutivo. En este momento es cuando reflexiono y me pregunto ¿Por qué la Corte Suprema de Justicia no actuó del mismo modo con la elección del actual fiscal Francisco Barboza?
La debacle de la Fiscalía empezó con el Fiscal General Néstor Humberto Martínez y su Fiscal Anticorrupción envuelto en un escándalo de corrupción ¿más irónico pa` donde? con esta noticia se empezó a develar la ineficacia del Fiscal General y su equipo de trabajo ante los procesos de envergadura nacional. Recordemos que en el periodo de Martínez se conocieron casos como InterBolsa, Reficar, el cartel de la toga, la Dian y Odebrecht, casos que han estado en cabeza de tres fiscales (Néstor Humberto Martínez, Fabio Espitia (encargado) y el actual Francisco Barboza) y no han presentado resultados positivos a la sociedad.
Todo lo contrario, ya hemos visto como algunos de estos personajes envueltos en estas investigaciones han quedado en libertad por vencimiento de términos y en otros casos aún más grave, se ha precluido su proceso por prescripción. En estos últimos meses quedaron en libertad por vencimiento de términos el exmagistrado Francisco Ricaurte envuelto en el escándalo del “cartel de la toga”, Carlos Palacíno el expresidente de Saludcoop, así como también la familia Ambuila, del caso de la Dian en Buenaventura. o más grave que los anteriores casos, pues en días pasados vimos como prescribió el proceso que se adelantaba en contra de la cúpula de Interbolsa conformada por el expresidente Rodrigo Jaramillo Correa, Jorge Mauricio Infante Niño y Claudia Jaramillo Palacios, todos estos casos siendo el factor común la ineficacia de la Fiscalía.
Ahora bien, el caso de Odebrecht y la Ñeñe política pueden quedar en la impunidad. A lo que refiere a las investigaciones de Odebrecht, solo tres altos funcionarios de la firma investigada han sido condenados por estos hechos, quienes han aceptado cargos y han realizado una serie de señalamientos de otros responsables como los Sarmiento (padre e hijo), a estos últimos no se les ha vinculado formalmente a los procesos en curso, como tampoco a los otros responsables, los que están del otro lado de las dadivas, los políticos que recibieron los sobornos vinculados al ejecutivo del entonces presidente Santos.
¿Pero porque no han tenido éxito estos casos? Por la misma razón que no han avanzado las investigaciones de lo confesado por Aida Merlano, o los audios de la Ñeñe política o las amistades de Memo Fantasma, porque como el Fiscal Martínez en su momento y ahora el Fiscal Barbosa, son Fiscales que no tienen autonomía, no son imparciales, le deben su puesto a políticos y empresarios, Barbosa es Amigo del alma del Presidente Duque, el mismo lo ha mencionado en entrevistas, Martínez era el abogado del Grupo Aval, por estas relaciones tan estrechas no se puede esperar una imparcialidad absoluta de estos funcionarios, no puede haber una objetividad y equitatividad en sus investigaciones, son fiscales de bolsillo y completamente dependientes del poder político y económico, sin autonomía y sin imparcialidad para investigar, lo que deriva en un ultraje directo a la división de poderes, pues faltando esta ficha en el organigrama de la rama judicial la Justicia queda parapléjica.
Pero como no todo es crítica, me gustaría proponer que dentro de la reforma integral a la justicia que se debe hacer (y hablo de una verdadera reforma, donde los honorables parlamentarios se asesoren de juristas y académicos idóneos y se reformule una política criminal aterrizada a la realidad Colombiana), se modifique la forma de elección del Fiscal General, de la siguiente manera:
Primero se deberá hacer una convocatoria a nivel nacional para que todos los que cumplan con los requisitos para ser Fiscal General se presenten a concurso de méritos, de los que pasen el concurso, la Barra Nacional de Abogados de Colombia escogerá una lista de 10 elegibles, y la presentará a la Sala General Unificada de las altas cortes (Corte Suprema de Justicia -Sala Penal (9 magistrados), Corte Constitucional (9 magistrados) y Consejo de Estado – comisión de trabajo de 9 magistrados para elección del Fiscal General). Esta Convocatoria de Sala General Unificada es de asistencia obligatoria, los magistrados que no hagan presencia el día de las elecciones se les iniciará proceso disciplinario y serán sancionados con la destitución de su cargo e inhabilitados por 2 años para ejercer cargos públicos.), recibida la lista de elegibles, la Sala General no se opondrá a esta lista y convocará a votación al mes siguiente de radicada la lista. En la votación se requerirá para ser elegido Fiscal General del voto favorable de las dos terceras partes (2/3) de los integrantes de la Sala General Unificada.
Con esta reforma se pretende desligar a un funcionario tan clave en el sistema penal acusatorio de toda vinculación con la política, con el fin de poder dar un paso para acabar con la corrupción que tanto daño ha generado en nuestro país. Espero que la libertad que me he tomado sobre este tema sea para abrir el debate sobre el sistema de selección del Fiscal General.
